Código 29, Derechos Humanos y Doctrina Católica.

 Por P. Robert A. Brisman P.

  A raíz de unos hechos trágicos de delincuencia que hace unos días atrás han sucedido en nuestra sociedad dominicana, se viene debatiendo una controversia entre lo que es la eliminación de los delincuentes y los derechos humanos. Es conocido en el ambiente policial en el combate a la delincuencia el famoso “código 29” o, también como otros prefieren llamarlo “ponerlo en 29”.

  Hace unos meses atrás el presidente de la República en una rueda de prensa, al referirse a un cierto delincuente, lo conminó a que se entregara o lo iban a poner en 29. Cuando el presidente dijo estas palabras, esto llamó la atención de muchos de los allí presentes y también de la sociedad porque no sabíamos a qué se refería el presidente con ese número o expresión. Ya después, los que sí sabían qué significa, lo comentaron en los medios y las redes sociales. Según los expertos, este código en el argot policial significa eliminar al delincuente.

  Sin pretender ser exhaustivo en los hechos, recordemos tres de los últimos hechos delincuenciales lamentables y trágicos, que han estremecido a nuestra sociedad dominicana. Antes hay que decir o señalar que, parece que la delincuencia hace su aparición como por temporada. Es decir, siempre en nuestra sociedad han ocurrido hechos delictivos atroces, graves y trágicos, pero en ocasiones suceden unos hechos delictivos que conmociona a la sociedad por la magnitud o manera en cómo han ocurrido.

  Ahora sí, recordemos esos últimos hechos delictivos trágicos sucedidos hace unos meses atrás. El primero de ellos es la balacera ocurrida en el municipio de Boca Chica entre bandas delictivas donde hubo varios muertos. Pero ¿qué fue lo que más llamó la atención de ese lamentable hecho y concitó el interés de los medios de comunicación? Que entre los baleados había uno que era un artista o cantante que gozaba de cierta fama. Pues los medios y las redes sociales se enfocaron más en este personaje. El segundo hecho lamentable sucedido días después, fue el lamentable hecho del apuñalamiento de un joven en la entrada de su edificio en horas de la madrugada en un sector de clase media alta, donde el delincuente le propinó unas diez estocadas y no se llevó nada de sus partencias. Este hecho provocó la indignación de toda la sociedad, como ha de ser y surgieron opiniones de todo tipo, entre ellas señalando la poca efectividad de la vigilancia policial. No bien estamos viviendo este hecho lamentable, cuando días atrás sucedió otro de gravedad que fue el asesinato de una señora dentro de su casa por dos delincuentes y resultando herido su esposo, que no estaba presente en ese momento, sino que lo esperaron hasta horas de la madrugada para agredirlo. Ya sabemos los detalles de los hechos de esta tragedia y los involucrados. Pero ¿Por qué este hecho ha concitado hasta el día de hoy tanta atención? Pues ciertamente por una de las personas involucradas que es un famoso merenguero. Sucede con esto que, un caso tumba a otro caso.

  Al mencionar estos hechos lamentables, no pretendo emitir un juicio de valor. Pero lo cierto es que, debemos preguntarnos si es verdad que, porque han sucedido estas tragedias, la vida en nuestra sociedad es imposible, o, como dicen muchos, que este país no sirve; que aquí no se puede vivir o que las autoridades no están haciendo su trabajo, etc. Hay otros que afirman que no se puede confiar en nadie. ¿Será esto cierto? ¿Podemos vivir sin confiar en ninguna persona? Mas bien creo que lo correcto es tener cuidado a quien le damos nuestra confianza.

  Pues esto ha planteado una controversia entre la actuación de las autoridades frente a la delincuencia y los Derechos Humanos. Son muchas las voces de todos los ámbitos que se han expresado a favor de que las autoridades deben de dar una respuesta contundente ante el auge de la delincuencia. Hace unos días, el presidente de la República volvió a decir en una rueda de prensa que los delincuentes deben entregarse; no lo dijo como en la ocasión anterior refiriéndose al “código 29 o ponerlos en 29”. Lo mas seguro es que no le convenia políticamente referirse con esos términos.

  Es aquí donde entra entonces el tema de los Derechos Humanos. Los DD.HH y la delincuencia generan un fuerte debate sobre el equilibrio entre la seguridad ciudadana y las garantías legales de los imputados. La Comisión Interamericana de los DD.HH., en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en su capítulo IV, señala que los Estados tienen el deber primordial de garantizar la seguridad, prevenir el delito y proteger los derechos tanto de las víctimas como de los ciudadanos honestos mediante cuerpos policiales civiles y profesionales.  Los defensores de estos derechos se han manifestado en favor de que, las autoridades no deben de eliminar a los delincuentes y que más bien deben de proteger sus derechos humanos. Pero, al mismo tiempo, esto ha provocado una reacción de indignación y rechazo de gran parte de la sociedad en no estar de acuerdo en este punto ya que, se argumenta también sobre los derechos humanos de las víctimas: ¿Por qué esta gente sólo habla y se manifiesta en favor de la defensa de los DD HH., de los delincuentes o victimarios y no defiende los DD.HH., de los inocentes o víctimas? ¿Entonces, para esta gente defensora de los DD.HH., hay unos que son más humanos que otros?

  Las autoridades tienen la responsabilidad de dar protección y cuidar a la población y, al mismo tiempo enfrentar la delincuencia. Con razón se dice que las autoridades deben tener el monopolio de la delincuencia. Esto no es tan fácil como se dice. Esto conlleva toda una estrategia de programa o plan de lucha contra la delincuencia. La delincuencia no se combate solamente con la eliminación física de los delincuentes. Esa es la acción extrema. Lo cierto es que, eliminando al delincuente no se elimina la delincuencia. Pero, también es cierto que los delincuentes no se dejan atrapar tan fácil por las autoridades y muchas veces la enfrentan con fuerza letal y éstas tienen que responder con igual proporción o más: no es cierto que, si un delincuente recibe a la policía con balas, estos le van a responder con flores. En principio no se trata de salir a matar al delincuente, sino de salir a apresarlos para llevarlos ante los tribunales. Pero hay que ser conscientes de que las autoridades no se la van a encontrar fácil el apresarlos. También es cierto que en ocasiones las mismas autoridades han cometido abusos. Pero eso es parte del riesgo, que lo que se puede hacer es reducirlo a su mínima expresión. Los policías también ponen en riesgo su vida cuando salen a combatir a los delincuentes; ellos también tienen familia que velar por ellas. A ellos también hay que protegerles sus derechos humanos.

  Por otro lado, desde hace unos años atrás el gobierno central viene realizando lo que ha llamado una reforma de la institución policial. Pero la población nos preguntamos en qué va esa reforma, en qué consiste, qué pasos se han dado. El presidente de la República se viene reuniendo los lunes con los responsables de dicha reforma, pero la sociedad sigue sin ver los avances de dicha reforma. Sólo se ha visto el cambio de uniforme de los miembros de la institución.

  Tenemos aquí que señalar la ausencia de la ministra del interior que, ante estos hechos trágicos delincuenciales, ha brillado por su ausencia y silencio. Ella es la primera que debe de estar en primera línea dando la cara ante estos hechos. Ella es la superior inmediata del Director General de la Policía. La sociedad se viene preguntando y le pregunta a ella ¿Dónde está?, ¿Le comieron los ratones la lengua? Volvemos a decir que, la delincuencia no se combate nada más con la eliminación física de los delincuentes. Esto conlleva todo un plan a corto, mediano y largo plazo. Esto empieza por el refuerzo de la educación y oportunidades reales de trabajo. De lo que se trata es de ensañar a llevar una vida buena y recta para el ser humano, y esto solo podemos conseguirlo mediante una lucha constante para convertirnos en mejores personas.

  Los DD.HH., muchas veces se toman como excusas para justificar lo ingustable y hasta para manipular las acciones debidas. Hemos venido caminando también en lo que son el surgimiento de nuevos derechos humanos. Es verdad que con el tiempo evolucionan, pero estos nuevos derechos no pueden contradecir los derechos humanos fundamentales. Seamos conscientes de que, con mucha frecuencia se cree que las ongs actúan promoviendo el bien social per se. Pero también tienen sus propios intereses institucionales.

  San Agustín dijo “Odia el delito, pero ama al delincuente: Asimismo, siendo justo el jefe de un Estado, no debe proceder con extremado rigor en el castigo de la delincuencia, sino buscar en el castigo la mejora del que lo padece y su retorno a la paz que llegó a infringir. Representa en el Estado al padre familia en el hogar, se le puede decir, como al juez”. Es decir, el castigo no debe buscar la venganza cruel, sino la mejora moral del delincuente y su regreso a la paz que rompió, actuando el juez con la diligencia propia de un padre de familia. Y la enseñanza de la Iglesia Católica en el Compendio de la Doctrina Social (nn. 402-403), al hablar sobre la Justicia Reconciliadora, señala que “el castigo debe buscar un doble objetivo: fomentar la reinserción del condenado en la sociedad y promover una justicia reconciliadora, capaz de restablecer la armonía en las relaciones sociales perturbadas por el acto delictivo cometido”. El Estado tiene la doble responsabilidad de desalentar las conductas que atentan contra los derechos humanos y las normas fundamentales de la vida civil, y de reparar mediante el sistema penal, el desorden generado por la actividad delictiva. La corrección del culpable implica un componente moral que trasciende el castigo y se orienta hacia la redención y la reconciliación. También enseña la Iglesia que el castigo justo es aquel que se corresponde con la gravedad del delito. La prisión debe ser el último recurso; y ¿qué decir de la eliminación física del agresor?

  En conclusión. La sociedad está mayoritariamente de acuerdo en que a los delincuentes hay que eliminarlos, pensando o afirmando que este tipo de acción podría ayudar a eliminar la delincuencia. Por otro lado, hay grupos y ongs que defienden los derechos humanos de los delincuentes, pero no dicen nada o muy poco de los derechos humanos de los hombres y mujeres que ejercen autoridad, - así como los derechos humanos del resto de la población -, porque también ellos son seres humanos y arriesgan sus vidas cuando persiguen el delito y a los delincuentes. Al mismo tiempo está la acción de las autoridades gubernamentales que deben de aplicar acciones concretas de seguridad en favor de la ciudadanía en una realidad social muy compleja como la nuestra. Todo esto es un gran reto para cada actor. Ante el auge de la delincuencia no se pueden aplicar paños tibios, sino planes de acciones concretas. El miedo es un sentimiento normal y es parte de nuestra realidad como seres humanos; esa es una cosa y otra es dejarnos dominar por el miedo. No podemos vivir bajo el manto del dominio del miedo; no podemos andar en las calles con delirio de miedo. Sí debemos ser precavidos y prudentes. Cuidarnos lo más y mejor que podamos, pero eso no significa que no nos topemos en el camino con situaciones difíciles que pongan en riesgo nuestra seguridad. En cualquier lugar y momento podemos vivir situaciones extremas que pongan en riesgo nuestra seguridad. Hay que castigar el delito. Hay personas que, lamentablemente no pueden vivir en sociedad y hay que tenerlos aislados permanentemente. Siempre han sucedido y sucederán casos de abusos por parte de las autoridades. En la persecución del delito no podemos esperar ni exigir perfección, pero sí acciones concretas que permitan a la sociedad vivir en un clima de paz social con la firme actitud del cumplimiento de la ley sin distinción, pero con verdadera justicia.

 

Dios les bendiga.

Propuesta Legislativa: ¿Obligar a hablar creole? Los límites de la ley frente a la lengua

 

Por P. Robert A. Brisman P.

  Se hizo público en algunos medios de comunicación y redes sociales el proyecto o propuesta de ley presentado por un diputado del PRM de Azua, Julio César Beltré, para que se establezca de manera obligatoria en el sistema educativo nacional, - específicamente en los colegios y escuelas de nivel primario y secundario -, el aprendizaje del creole. Pero también se sabe que hay otros legisladores oficialistas que apoyan esta propuesta legislativa. Este proyecto equipara el creole con el inglés y el francés que, más bien es para dar la impresión o imagen de que se estaría hablando un idioma o lengua universal. Y como era de esperarse, el debate se encendió.

  Hablar de lengua es hablar de cultura, de identidad y de personas. Según los argumentos de justificación de la propuesta o anteproyecto, dice el diputado que, entre la República Dominicana y Haití, hay vínculos históricos, comerciales, culturales y migratorios que compartimos ambos y una intensa dinámica fronteriza. Este diputado, además, dice que aprender creole fortalecería la comunicación entre ambas naciones, especialmente entre las zonas limítrofes y facilitaría el comercio y la cooperación bilateral.

  Vayamos por parte. ¿Qué significa la palabra "vínculo", que el diputado afirma en su propuesta? Esta palabra significa "unión, atadura". Entonces, ¿quiere decir que la RD y Haití, están unidas o atadas en todo o en varios aspectos? ¿RD y Haití están unidas o atadas en lo histórico, lo cultural, lo comercial y la migración? ¿Se puede hablar de una atadura o unión entre ambas naciones o, más bien, hablar de una relación necesaria que conlleva establecer unas buenas relaciones de países vecinos? ¿RD y Haití son dos países en una misma isla que no tendría sentido que estuviéramos separados? ¿Se le olvidó a este diputado y a quienes le secundan, de quién nos independizados? ¿Quiénes fueron nuestros opresores y verdugos?

  A ver. El creole se deriva mayormente de la lengua francesa. La constitución haitiana establece que el francés y el creole son los dos idiomas oficiales del país; mientras que, en RD el idioma oficial es el español. RD y Haití lo único que tenemos en común es que compartimos una misma isla. Pero, no hay ni tenemos vínculos culturales; somos de culturas diferentes: no compartimos idioma, ni creencias, ni conocimiento, ni arte, ni moral, ni leyes, ni costumbres, ni educación, ni hábitos que nos identifiquen como dos naciones hermanas; que no lo somos, ni lo seremos. ¿Que tenemos relaciones comerciales? Sí. Pero ¿Quiénes son los que tienen esas relaciones comerciales? Grandes comerciantes y empresarios, así como políticos que se han beneficiado de un comercio, - en gran parte irregular -, con ese país, sin importarles cumplir con las leyes establecidas que regulan dicha actividad. Si ellos necesitan aprender creole para sus negocios, que lo hagan.

  ¿Y el tema migratorio entre ambas naciones? Este es uno de los grandes y graves problemas que tiene la RD con Haití: la masiva migración ilegal y el descontrol de las autoridades dominicanas que no asumen con sinceridad este problema. Las medidas que anuncian parecen más bien una especie de anestesia para calmar la irritación social de los dominicanos: hablan de deportaciones, pero al mismo tiempo, a los que deportan, vuelven a entrar al país de manera ilegal por el contubernio y corrupción de las mismas autoridades fronterizas y el tráfico de migrantes por parte de desaprensivos delincuentes civiles, así como los mismos empresarios que fomentan la mano de obra extranjera ilegal y barata.

Dicho lo anterior, entonces ¿por qué estos políticos siguen apretando la tuerca, proponiendo leyes que llevan a entender que quieren unir ambas naciones en vez de legislar para que se establezcan leyes que combatan realmente la migración ilegal, sobre todo la que viene de Haití y se fortalezca la soberanía de la RD? Muchas veces se ha dicho, y con razón, que entre ambas naciones lo que debe establecerse son unas relaciones de buenos vecinos que lleve a cada actor a ocuparse de su territorio, es decir, ellos allá y nosotros aquí, sin perjuicio de la soberanía de cada país.

  A los dominicanos no pueden obligarnos a aprender a hablar el idioma de los que fueron nuestros verdugos, nuestros opresores. Son ellos los que tienen que aprender el español, si quieren venir a establecerse aquí, hacer negocios, vivir, estudiar..., todo de manera legal en el cumplimiento de la ley migratoria de la RD. El creole no es un idioma ni una lengua universal; no se habla en ningún otro país; a diferencia del español que esta entre las primeras cinco lenguas más habladas del mundo.

  Ahora, ¿Qué implicaciones culturales tendría para la RD aprender el idioma de sus opresores?

  A estos legisladores hay que preguntarles: Y después qué otras propuestas vendrán: ¿que icemos la bandera haitiana en las escuelas y colegios, junto a la dominicana y que se cante el himno haitiano porque tenemos vínculos históricos y culturales con Haití? ¿Que asumamos el vudú como manifestación religiosa? ¿Que asumamos actitudes reñidas contra la moral y las buenas costumbres, - como defecar y bañarse en cueros en la vía pública -, para normalizarlas en nuestra sociedad? ¿Que las transacciones comerciales dentro de RD se realicen con la moneda haitiana?

  Señores legisladores, sean prudentes en su propuesta. Este no es un tema ligero ni superficial, ni de simple trámite burocrático. Sabemos que hay una gran presencia o matrícula de estudiantes haitianos en nuestras escuelas sin pedirles un solo documento de identidad y que los mismos no muestran identificación con la historia dominicana ni cantan nuestro himno nacional. ¿Qué piensan y dicen los haitianos de Juan Pablo Duarte? También ¿qué implicaría la aprobación de este proyecto para las autoridades dominicanas y el cuerpo docente nacional; la inversión, estructura y preparación de los docentes que se tendría que crear para llevar a cabo el aprendizaje de este idioma?

  El idioma español es parte de nuestra identidad como dominicanos y sumarle el creole se estaría fomentando una mezcla que afectaría nuestra identidad. Sería una especie de mimetización y una mala señal de lo que desde nuestra independencia hemos logrado.

  Aprender siempre es importante y positivo para el desarrollo de los pueblos y las personas. Hablar más de un idioma es tener acceso a otro mundo diferente al propio. Pero también conlleva asumir conocimientos y costumbres y es una forma de unión. Y esto es lo que está detrás de esta propuesta legislativa. A la mayoría de los dominicanos no nos interesa aprender ese idioma de una minoría sólo porque a un reducido grupito de empresarios y políticos se les antoja imponerlo al resto de la sociedad por sus intereses comerciales y por presiones foráneas. A los dominicanos no nos interesa tener vínculos de unidad culturales con los que fueron nuestros opresores y verdugos. El dominicano que necesite o quiera aprender a hablar creole, que lo haga de manera personal. Queremos más bien, que ellos allá se decidan a sacar a su país de la miseria y crisis en la que ellos mismo lo han sumido y lo mantienen. Esto sería beneficioso para ambas naciones.

  Y es que somos dos pueblos diferentes, en el que cada uno tomó su rumbo por caminos diferentes. No pretendan buscar formas de crear vínculos forzados entre ambas naciones, porque eso no será posible. No sigan apretando la tuerca a la sociedad dominicana con este tipo de imposiciones. Dejen de poner sus intereses personales, partidistas y de grupo, disfrazados de lazos amigables, por encima de los intereses nacionales y soberanos. Esta migración masiva e ilegal haitiana es ya un grave problema social y demanda de todos, sobre todo de las autoridades, aplicar medidas que ya están establecidas y otras que deben establecerse, si queremos que nuestro país siga avanzando hacia el desarrollo, el progreso y el orden.

  ¿Por qué no le preguntaron a la sociedad dominicana si estamos de acuerdo con esa propuesta? La respuesta la saben y por eso no lo hacen, sino que se atribuyen una acción que afecta, en este caso, la identidad cultural del país, para hacer sus movimientos sectarios y antinacionales. A ustedes se les olvida que están en esos puestos políticos por un tiempo muy limitado y que la sociedad que ustedes juraron representar en sus mejores intereses se las cobra con el voto.

  Señores legisladores, recuerden la historia de ambos países, sus culturas, sus valores, sus identidades. Este no es un tema sencillo para legislar de esa manera por sus implicaciones. ¿Qué hay detrás de esa propuesta legislativa? Las consecuencias de algo así no se ven de inmediato, sino a largo plazo. Es un tema muy, pero muy delicado y hay que analizarlo con detenimiento y frialdad intelectual, sin manipulaciones, sin engaños. Es poner todas las cartas sobre la mesa; analizar los pros (que dudo que los haya), y los contras (que sí son peligrosos para RD). Porque, si a esas vamos, entonces ¿por qué no se legisla para imponer el idioma chino, el mandarín, debido a la gran cantidad de ciudadanos chinos que viven y tienen negocios en RD? También en nuestro país hay cantidades significativas de población de otros países que han aprendido a hablar español. ¿Por qué entonces el creole hay que imponerlo a los dominicanos? Yo me pregunto si existe una ley en Haití que obligue a los haitianos a aprender y hablar español. Me imagino que no. Entonces, ¿por qué somos siempre los dominicanos los que tenemos que ceder ante estos aprestos?

  Concluyo este artículo volviendo a decirles que no sigan apretando la tuerca a la sociedad dominicana con acciones, propuestas y leyes que laceran la identidad, la cultura y la soberanía dominicana. Con estas acciones lo que provocan es que los votantes miren hacia otros posibles aspirantes porque la población está harta y cansada de tantas promesas de campaña de defensa, promoción y soluciones a los grandes problemas sociales, y cuando logran el triunfo, se olvidan de ellas. La sociedad dominicana debemos protestar contra esta imposición que se quiere legislar. Esto no es una necesidad ni una prioridad ya que no resuelve ningún problema acuciante de la sociedad dominicana en su conjunto. Protejamos nuestra lengua y la libertad de quienes la hablamos.

La irresponsabilidad del director del INTRANT

 

Por P. Robert A. Brisman P.

  Hace unos días atrás, yo escribí un artículo de opinión sobre el problema del caos y el desorden del tránsito vehicular en nuestro país, sobre todo, en lo que se denomina el Gran Santo Domingo. Expresé en ese artículo mi opinión sobre lo que creo que sería el primer paso a dar para buscar posibles soluciones a este problema nacional que se ha convertido en un problema de salud pública. Lo hice desde mi realidad como ciudadano, preocupado por este problema y que también sigue esperando que las autoridades, actuales y venideras, se empeñen en buscarle posibles soluciones y que no nos sigamos quedando en las quejas, pero no buscamos ni hacemos todo lo posible por erradicar dicho problema. Y esto nos compete a toda la sociedad, no solo a las autoridades. Todos tenemos nuestra cuota en el fomento de este caos vehicular y también todos tenemos nuestra cuota en aplicar los correctivos de lugar.

  Pues hace unas semanas atrás, y con motivo a la celebración de la Restauración de la República Dominicana el 16 de agosto, el presidente, como ya es una tradición, - que no por ley -, realizó cambios de funcionarios en el tren gubernamental en algunas dependencias del estado. Uno de esos cambios fue nombrar al nuevo incumbente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT), general (r) Juan Manuel Méndez que, a su vez, venía de la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde estuvo al frente por varios años en varios gobiernos.

  Este señor, en una reciente entrevista que diera a la periodista de investigación Nuria Piera, - que fue más bien una entrevista tipo “píchamela suave”, porque la misma se notó muy complaciente con el entrevistado -; dijo, y cito: “Mi hijo pequeño hizo una oración pidiendo para que la imagen de mi papá no se dañe”. Pues lo cierto es que parece ser que esa oración no ha hecho el efecto ni ha obtenido los resultados deseados, porque la imagen de este señor sí que está por los suelos ya que tiene cuentas pendientes de su administración cuando estaba en el COE en unos casos sonados como, por ejemplo,  el gasto que se hizo en esa dependencia de más de mil millones de pesos para los arreglos mecánicos de ambulancias y que todavía al día de hoy, este señor no ha dado repuesta satisfactoria a la sociedad ni la justicia ni ninguna otra dependencia de transparencia del estado, ha actuado con el debido procedimiento de persecución contra la corrupción. A renglón seguido, el entrevistado se despacha con unas desatinadas palabras que dejan a la sociedad con la boca abierta, dijo: “El tránsito no lo va a solucionar nadie; no nos podemos venir a llamar a engaños. El tránsito vamos a gestionarlo, a trabajarlo con los actores y decirle a cada quién lo que tiene que hacer”.

  A este señor hay que preguntarle: general, si esa es su apreciación con respecto al caos y desorden del tránsito vehicular, ¿por qué entonces usted aceptó ese puesto en esa institución? En otra entrevista realizada por la periodista Colombia Alcantara, dijo el general que el presidente le pidió que lo acompañara en la dirección del COE, a pesar de que ya estaba en retiro. Pero, también hay que preguntarle al presidente: Señor presidente ¿Por qué usted nombró a un incumbente en el INTRANT que no sabe nada de movilidad vehicular, si no va a buscarle soluciones a los problemas? ¿Qué pasó con los cambios que prometió en su campaña? ¿En ellos nos estaban los cambios que la sociedad necesita en materia de tránsito vehicular? Ya lo dije en mi artículo anterior: estas son las consecuencias de nombrar a personas en instituciones o puestos que no dominan, que no conocen, que no están preparados. Esto solo se sigue haciendo por amiguismo o cuota política. Y la sociedad, los de a pie, somos los que pagamos el precio porque no vemos que estos funcionarios infuncionales se concentren en buscar soluciones a los problemas más acuciantes de la sociedad. Esto es síntoma de la falta de voluntad política para gestionar soluciones. Cuando a una persona la ponen en un puesto de tanta importancia es para que busque soluciones y no para que provoque más problemas. De ser así, quítese de ahí y váyase para su casa.

  Esta excusa inexcusable de este ministro también podrían asumirla otros ministros que se escudarían en tal pensamiento, por ejemplo, se me ocurre pensar: ¿Qué tal si escucháramos al ministro del interior y de migración decir “el problema de la migración ilegal haitiana no lo arregla nadie”; o al de salud diciendo que el problema de salud pública no lo arregla nadie”; o al de educación con esa misma afirmación? Etc. Pues si así sucede, entonces como dice el dicho popular “cerremos este país, votemos la llave al fondo del mar y vámonos de aquí para la luna”. Con razón dicen la vox populi que nuestro país es una selva con aires de modernidad.

  ¡Así es! Con ministros como estos seguimos siendo una sociedad desamparada y sujeta a su triste destino de seguir caminando en el desorden y el caos institucional; provocando que vivamos como perros y gatos; como chivos sin ley; aplicando la ley de la selva. Vuelvo y repito lo dicho hace unos días atrás: necesitamos, como sociedad, que las instituciones apliquen la ley con justicia, sin miramientos, sin distinción, sin complacencias, con igualdad para todos y que los abusos también se castiguen. ¡La ley es dura, pero es la ley! La autoridad debe devolvérsele absolutamente a la institución para que haga su trabajo como la ley manda. Por eso existen las leyes: para vivir en orden.

  Hay que recordarle a este señor que el tránsito vehicular no se maneja ni tiene que ver con temas ni asuntos de la naturaleza, como son las lluvias, tormentas, terremotos, ciclones, etc. Quiero recordarle que está en ese puesto para diseñar políticas públicas que enfrenten los problemas del tránsito en el país; y que afirmaciones como esa dejan claro que es un irresponsable. Se nota que este señor no asumió ese cargo para buscar soluciones, sino que más bien en sus palabras dejó entrever que él no va a echarse ese tema sobre sus hombros ya que incumbentes anteriores tampoco aplicaron soluciones a este problema. Él es uno más. A este señor lo que le interesa es mantener su “buena imagen”. Pero ya está derrotado.

  Como diría el chapulín colorado: ¡Oh, y ahora ¿Quién podrá defendernos? Esta frase también se puede parafrasear con un versículo del evangelio referida a la persona de Juan Bautista: “Soy la voz que clama en el desierto”. Así estamos la sociedad dominicana, gritando para que se apliquen políticas públicas para enfrentar los problemas sociales, pero no nos hacen caso. Por estas actitudes de indiferencia y de falta de soluciones reales, es que una gran parte de la población está harta y cansada de funcionarios que sólo buscan su bienestar particular y no resuelven los problemas sociales.

  General, como ciudadano le digo que yo no quiero ni espero que administre el problema del caos y el desorden vehicular, sino que piense, busque y aplique políticas públicas para resolver este problema, sino váyase en paz.