Ha sido publicado en un medio
periodístico nacional, Diario Libre, un documento o informe del Departamento de
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde afirma, señala o asegura que,
en la República Dominicana se privilegia a la Iglesia Católica sobre las demás
creencias religiosas. Esto, según el informe, se debe al Concordato que está
establecido entre la Santa Sede y el estado dominicano.
Vamos un poco atrás. Partamos del hecho de
que, la Santa Sede es un Estado y goza de los derechos y deberes establecidos
en el derecho internacional. Esto así, el papa no sólo es el líder espiritual
mundial de los católicos, sino que también es jefe de estado, en este caso
particular, es le jefe del estado del Vaticano. Por esta razón es que, cuando
visita un país se le rinden los honores protocolares establecidos para un jefe
de estado, al igual que cuando un jefe de estado hace una visita oficial al
papa en el Vaticano es recibido por éste y se realizan reuniones entre ambos.
El Concordato, también llamado acuerdo o convenio,
es el contrato establecido entre la Santa Sede y un Estado, que regula la
condición de la Iglesia Católica y su culto en dicho Estado. También establece
las pautas de cooperación entre ambas partes con el fin del beneficio mutuo. La
palabra viene del latín “concordatum”, que significa “lo acordado en
armonía”. El Concordato no es ningún privilegio que un estado le otorga a
la Iglesia Católica, por encima de otros credos religiosos. Dicho en otras
palabras, son acuerdos bilaterales que buscan un beneficio mutuo. Como todo
acuerdo que se firma o establece un estado, este tiene que ser ratificado por
sus respectivos organismos legislativos que son los que velan porque dicho
acuerdo no vaya en detrimento de la Constitución de dicho estado. Debe quedar
bien claro que el Concordato es un acuerdo que regula las relaciones entre dos
estados soberanos; no es un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y un estado;
aunque pueden establecerse acuerdos entre estas dos partes, pero no tendrían el
peso y compromiso que garantiza el establecerlo con la Santa Sede. Dichos
concordatos o acuerdos pueden ser revisados periódicamente cuando una de las
partes así lo pida o manifieste.
El estado del Vaticano es el más pequeño del
mundo. Y, sin embargo, es el estado que tiene más relaciones y acuerdos establecidos
con un sin número de estados en todo el mundo. En una conferencia dictada por
el Secretario de Estado del Vaticano, Mons. Pietro Parolín, en la Universidad Pontificia
Gregoriana, titulada “Los acuerdos de la Santa Sede con los Estados”, destacó
siete puntos fundamentales a tener en cuenta en las relaciones o acuerdos entre
la Santa Sede con los Estados: 1) libertad religiosa; 2) adaptación de los
acuerdos a las circunstancias históricas de los pueblos; 3) la libertad de la
Iglesia en el ejercicio de su misión; 4) la Santa Sede tiene en cuenta el episcopado
y la conferencia episcopal del país; 5) los acuerdos sirven para que la
Iglesia, dentro de su país, ayude a la construcción de una sociedad humana,
justa y solidaria; 6) hay relaciones establecidas con estados sin ningún
convenio, aunque haya relaciones diplomáticas y, 7) la participación de la
Santa Sede en reuniones internacionales donde se establecen acuerdos. La Santa
Sede tiene un puesto de observador permanente en las Naciones Unidas.
La Santa Sede tiene establecidos concordatos,
acuerdos o contratos con un gran número de países. El primero de estos fue
establecido en el 1122, por el papa Calixto II y el rey Enrique V del Sacro
Imperio Romano Germánico. Otro Concordato importante fue el establecido con el
estado francés el 15 de julio de 1815. Otro fue el establecido con el Reich
alemán el 29 de julio de 1963. Otro es el establecido con el estado español en
1953, con el papa Pío XII y Francisco Franco. En este mismo tenor, tenemos el Concordato
establecido entre la Santa Sede y el estado dominicano de junio de 1954,
suscrito por el papa Pío XII y el dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Y hablando de este último Concordato, - y que
es el tema que nos atañe en esta ocasión -, desde hace unos años atrás, siempre
se ha querido satanizar este acuerdo bilateral entre el estado dominicano y la
Santa Sede. No voy a entrar aquí a hacer un análisis de dicho acuerdo en el
sentido de las circunstancias históricas que llevaron a su firma entre ambos
estados. Mucho se ha hablado y se ha analizado sobre este y otros aspectos;
opiniones a favor, opiniones en contra, etc. Han sido varios los grupos
minoritarios de nuestra sociedad dominicana que han hecho manifestaciones públicas
y han expresado sus opiniones para lograr que este acuerdo se elimine. Aducen
muchos de estos grupos que este Concordato es causa de discriminación en
relación a otros credos religiosos; otras opiniones es que dicen que por este
acuerdo la Iglesia Católica se mete en asuntos y temas de orden político,
haciendo valer e imponer su voz; otras opiniones dicen que este Concordato
viola la laicidad del estado dominicano, siendo esto falso porque, laico no
quiere decir ateo; más bien lo laico quiere decir que el estado permite la
pluralidad de confesiones religiosas como tantas sean posibles dentro de un
marco legal y de orden público. Se han
introducido hasta recursos de inconstitucionalidad ante este acuerdo, pero
todos han sido rechazados porque el máximo tribunal judicial dominicano en su
sentencia de 10/2008 dictaminó que “El Concordato que regula las relaciones
entre el Estado y la Iglesia Católica no es inconstitucional”, ante un
reclamo que hiciera en su momento el ministerio evangélico Jesús es Sanidad y
Vida eterna. La Suprema Corte declaró “conforme a la Constitución
dominicana” el acuerdo de asuntos eclesiásticos suscrito por la Santa Sede
y el Estado dominicano. Además, señaló en su sentencia que, “El Concordato
no viola la libertad de culto ni constituye un privilegio”; el máximo
tribunal entendió que “no existe la posibilidad de que haya menoscabo a la
libertad de culto por el acuerdo internacional, porque las religiones tienen la
libertad para celebrar su culto”.
Pues con todo lo dicho anteriormente, tenemos
entonces que ahora se hace público este informe del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de Norteamérica que lleva por título “República
Dominicana Informe Internacional de Libertad Religiosa 2022”, nos viene a
decir, a señalar con su dedo acusatorio que en la República Dominicana se
privilegia a la Iglesia Católica por encima de las otras confesiones
religiosas. Argumenta en su informe que “pese a que la constitución dominicana
establece la libertad de conciencia y culto, el Concordato de 1954 designa el catolicismo
como la religión oficial del estado y otorga privilegios especiales a la
Iglesia Católica que no se otorgan a otros grupos religiosos”.
Pero, leamos lo que dice el Concordato al
respecto de este punto. En su artículo 1 dice: “La religión católica,
apostólica, romana sigue siendo la de la nación dominicana y gozará de los
derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina
y el Derecho Canónico”. Leemos aquí que en ninguna parte de este primer artículo
se especifica que la religión católica sea la religión oficial del estado
dominicano.
Sigue señalando el informe que “los
privilegios a la Iglesia Católica incluyen la financiación de los gastos de la
Iglesia, incluida la administración y la construcción, las excepciones de visa
y las exenciones de los derechos de aduana para funcionarios de la Iglesia”.
A ver, esos “privilegios” que señala este informe, sería muy bueno hacerle ver
a este Departamento que la financiación por parte del estado no sólo es a la
Iglesia Católica. El estado dominicano también otorga financiamiento a otras
iglesias cristianas no católicas, al igual que exenciones fiscales. Por otro
lado, hay que aclararle a esta gente y al público en general que, si es cierto
que la Iglesia Católica se le otorga exenciones fiscales, también es cierto que
muchas de las obras y acciones que realiza la Iglesia Católica en nuestra
sociedad lo hace buscando ayuda y donaciones de otros grupos y particulares,
así como el aporte de las mismas comunidades que atiende pastoralmente. Esta
concesión no siempre es utilizada por la Iglesia Católica. Y si a este hecho
vamos, solo hay que ir a las estadísticas oficiales para saber y darnos cuenta qué
institución religiosa es la que más acude a esta concesión. Y ante esto, la
Iglesia Católica nunca se ha quejado ni mostrado su desacuerdo. Por otro lado,
hay que dejar claro que, el estado dominicano es absolutamente libre para
establecer acuerdos con quien lo considere y la Iglesia Católica no le atañe
inmiscuirse en esas decisiones soberanas del estado. El estado dominicano nunca
le pregunta, ni tiene por que hacerlo, a la Iglesia Católica si está de acuerdo
con tal o cual acuerdo institucional o internacional.
Por más que se quiera señalar o acusar, el Concordato
jamás ha sido ni será causa de discriminación hacia otras confesiones
religiosas. El Concordato no viola ni lacera ni limita el ejercicio pleno y
derecho constitucional de la libertad religiosa y de culto. Todas las
confesiones religiosas en la República Dominicana gozan del pleno derecho a
manifestar en privado y públicamente, su fe, su culto, sus dogmas, etc. Todas
tienen el pleno derecho a tener propiedades, colegios, hospitales, medios de
comunicación televisivos, radiales, escritos para cumplir con su misión
pastoral y evangelizadora.
Pero, lo que más llama la atención es que
este documento se haya hecho público en estos momentos, y eso llama a sospecha.
Sospecha, porque justamente nuestra sociedad dominicana se viene debatiendo
desde hace años atrás la aprobación del Código Procesal Penal que ha estado
estancado por años, y se toma como excusa el tema de la legalización o no del
aborto y sus tres causales. Y no podemos negar el protagonismo y lucha que ha
venido teniendo la Iglesia Católica, al igual que otras iglesias cristianas no
católicas, para que se apruebe el nuevo Código Procesal Penal sin la
legalización del aborto, y más bien buscando establecer su penalización. Pero,
los intereses políticos, económicos e ideológicos no han permitido que esto se
logre, y siempre ha sido el tema del “amagar y no dar”. Se le ha tratado de
buscar alguna alternativa a este tema del aborto, por ejemplo, el tratarlo como
un tema aparte del Código, pero esto tampoco sería lo correcto. Los intereses e
injerencia de poderes foráneos no han permitido que nuestra nación tenga un
código moderno y actual, debido a su sesgo ideológico e impositivo con el tema
del aborto y todo lo que el mismo traería si esa puerta de abre.
No hay dudas de que este es un tema más,
jalado por los moños y manipulador que sigue persiguiendo el arrodillar a
nuestra nación para que violente su propia Constitución que defiende y protege
la vida del ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Este es el
real punto que está detrás de este informe sesgado y manipulador. El
Departamento de Estado más bien debe de mirar a su interior y enfrentar la
situación difícil que esta viviendo la sociedad norteamericana en lo que
respecta a libertad religiosa. La actual administración del presidente Biden no
se ha destacado precisamente por ser la paladina de ello en su propio país.
Ellos sí que están propiciando la discriminación y privilegiando unos
colectivos minoritarios por encima de las mayorías. El propio presidente
estadounidense, que se proclama católico, es el primero que va en contra de la
fe y doctrina que dice profesar, y beneficia a otros grupitos sobre los verdaderos
derechos humanos que incluye la libertad religiosa. Una administración que, se
pone a señalar con el dedo acusador a otros países porque defienden y protegen
la vida de los más vulnerables, como es el niño en el vientre materno; y que
acaba de llamar “potenciales terroristas domésticas a las madres provida”.
Ya basta de traer temas jalados de los moños
para justificar la mentira. Con este informe está claro que lo que pretenden es
influenciar en la sociedad dominicana haciendo un señalamiento a la institución
religiosa católica como la culpable de ciertos males y retranca del avance de
la sociedad. No nos dejemos manipular por estos informes tendenciosos y
desviados de la verdad.
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