Desde hace unas semanas atrás, nuestra sociedad
ha venido enfrascándose en un debate casi a nivel nacional sobre el tema de, si
se lee o no la Biblia en nuestras escuelas. Este debate surgió en el Congreso
Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, ya que fue presentado este
tema por dos legisladoras, una que aducía que la lectura de la Biblia debía de
ser obligatoria y otra que aducía la opinión contraria, es decir, que no debía
de leerse ya que invocaba la laicidad del Estado dominicano. Pues esto encendió
la alarma en la sociedad y se expresaron diferentes opiniones, tanto a favor
como en contra de una y otra postura.
Debemos
de tener en cuenta que, una de las características de nuestra sociedad
dominicana es que, lamentablemente, es una sociedad politizada. Todo se mira
desde la política. Hay una intención muy marcada de manejar políticamente los
temas, y el religioso no escapa a esto. Este tema de la lectura de la Biblia en
nuestras escuelas cayó en este manejo politiquero. Por otro lado, a este tema
se le ha dedicado horas enteras en los medios de comunicación y las redes
sociales; hasta mesas de debate, etc. Es lamentable que, en la presentación de
las opiniones, sobre todo en las redes sociales, se haya caído en lo que
podríamos llamar la indecencia, la vulgaridad y falta de respeto hacia las
personas que iniciaron con el tema. Para expresar nuestras diferencias de
opinión, no es necesario caer en la descalificación soez y ofensa ni maltrato
verbal. Esa actitud quita fuerza al mismo debate de las ideas. El apóstol Pedro
, en primera carta 3,15 nos dice a los creyentes: “Estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a quien se lo
pidiere”. Pero para poder hacerlo, debemos de estar permanentemente
informados y formados, no sólo en nuestra mente, sino en nuestra conciencia.
En
estas próximas entregas de nuestra revista Palanca, es lo que queremos hacer.
Debemos de aclarar que nosotros no tenemos ni ostentamos la vocería de nuestra
Iglesia Católica en la República Dominicana. Eso es de competencia exclusiva de
la Conferencia Episcopal Dominicana. Lo que sí queremos hacer es nuestro aporte
a este tema que sigue en la palestra pública y que sigue también concitando
variadas opiniones tanto a favor como en contra de ambas posturas. Comenzaremos
por presentar argumentos desde el derecho, sin pretender jamás dar la impresión
de que somos expertos en ese terreno. Veremos lo que nos dice la Declaración Universal
de los Derechos Humanos con respecto a la Libertad Religiosa; después mencionaremos
lo que nos enseña la Doctrina Católica con respecto a la misma en sus
diferentes documentos del Concilio Vaticano II; mencionaremos una que otra idea
de algún experto en este campo del derecho, y al final, en la conclusión, es
donde expresaremos nuestra opinión o aporte. Es un aporte que está basado no sólo
en lo referente a nuestra fe y sacerdocio ministerial, sino también en lo
referente a nuestra condición de ciudadanos de este país.
Comencemos
por la realidad de la Rep. Dom. La historia fundacional de nuestro país está
cimentada sobre la base de la fe cristiana católica. Lo vemos en el legado de
nuestros próceres de la independencia: el juramento trinitario, la Biblia y la
palabra Dios en el escudo nacional, la cruz en la bandera, el nombre de la
República Dominicana y su capital Santo Domingo de Guzmán, y todo el ideario
duartiano sobre la importancia de la religión en su vida familiar, personal y
pública. Al redactar su proyecto de Constitución de la RD, Duarte estableció el
siguiente principio: “La religión
predominante en el Estado deberá ser siempre la católica, apostólica, sin
perjuicio de la libertad de conciencia y tolerancia de cultos y de sociedad no
contrarias a la moral pública y caridad evangélica”. Para Duarte la religión no fue una máscara de
hipocresía ni envoltura de denigrante oportunismo. Fue código de vida y también
recurso imponderable para trazar un futuro mejor para la Patria.
Por
otro lado, está el tema relacionado con el Concordato firmado entre el Estado
Dominicano y la Santa Sede en 1953 por el presidente de entonces Rafael
Leónidas Trujillo Molina y el Papa Pío XII. Muchas personas le endilgan a este
acuerdo muchas limitaciones, errores y discriminaciones hacia otras creencias.
Pero en realidad este acuerdo no contraviene la Constitución dominicana ni tampoco
es causa de que en nuestro país no se puedan practicar otras creencias
religiosas. Este Concordato en su art. 1 dice: “La religión católica, apostólica y romana sigue siendo la de la nación
dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden
en conformidad con la ley divina y el derecho canónico”. Art. III no. 1
dice: “El Estado dominicano reconoce a la
Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y
pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre
y público ejercicio del culto”. Y en el no. 2 dice: “La Santa Sede podrá sin impedimento promulgar y publicar en la RD
cualquier disposición relativa al gobierno de la Iglesia.”
Como
vemos, el Concordato entre la Santa Sede y el Estado dominicano no es causa ni
prohíbe ni cuarta el ejercicio y práctica de otras creencias religiosas, ya que
la Santa Sede reconoce el derecho absoluto y soberanía de los Estados para
establecer relaciones, acuerdos y contratos con quien considere. Eso es de
materia exclusiva y única de cada Estado, y en eso la Iglesia no interfiere.
Por otro lado hay que decir que el Estado dominicano tiene acuerdos
establecidos con otras iglesias cristianas no católica, como lo es el CODUE
(Confederación de Unión Evangélica), en materia de legislación sobre la
familia, el matrimonio, educación y exenciones para su libre ejercicio
evangelizador.
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