Por P. Robert A. Brisman P.
El Papa Benedicto XVI, en su Mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado (2011), dijo: “La Iglesia le reconoce a todo hombre en el doble aspecto de la posibilidad de salir del propio país y la posibilidad de entrar en otro, en busca de mejores condiciones de vida. Al mismo tiempo, los Estados tienen el derecho de regular los flujos migratorios y defender sus fronteras, asegurando siempre el respeto debido a la dignidad de toda persona humana. Los inmigrantes, además tienen el deber de integrarse en el país de acogida, respetando sus leyes y la identidad nacional”. Estas palabras no se pueden entender como si al Papa hubiese dicho “vengan todos los que quieran, que aquí los recibimos con los brazos abiertos y les daremos todo cuanto necesiten sin más”.
El tema migratorio es de índole primeramente política. Es un asunto de soberanía de los estados. No es un tema de doctrina religiosa, como sí lo es el tema del aborto, eutanasia, pena de muerte, etc. Porque estos casos entran en el mandamiento de la ley de Dios del “no matarás”. Nuestra Iglesia Católica sí ha asumido este tema de la migración desde la perspectiva de la dignidad del ser humano. Vela con ello por el cumplimiento y protección de los derechos humanos. Pero no puede ejercer esta enseñanza instando a violar las leyes políticas en materia migratoria de las naciones. Su misión es la orientación moral.
No se trata de instar a los extranjeros a que vengan en masa y desorden al país. Pero una vez llegan aquí, sí tiene que velar porque se mantenga y proteja la dignidad humana, pero sin impedir que el estado haga cumplir la ley de manera justa. El Catecismo de la Iglesia Católica, al respecto de este tema dice: “El migrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas” (n 2241). Queda claro en este número que habla de la “obligación” del migrante; no es opcional, no es si quiere, si está de acuerdo, etc.
Lo anterior dicho, nos plantea la siguiente cuestión: ¿Existe el derecho a migrar? Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y que tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. En la práctica, esta legislación internacional, no reconoce este derecho, es decir, entrar en un país procedente de otro. Cada país tiene potestad de decidir quién puede entrar y quién no a su territorio y en qué condiciones. Por eso se le exige a todo extranjero un pasaporte legal para entrar al país. Así como establecer restricciones mediante controles policiales, muros fronterizos, vigilancia con tecnología de punta, y cualquier otra medida que el estado considere.
Definitivamente, la crisis haitiana sí es un problema para la República Dominicana. Y ante ese problema, no podemos hacernos los ciegos ni desentendidos. Hay que exigir de nuestro gobierno que aplique la ley migratoria con justicia, apegada al cumplimiento y protección de los derechos humanos. Pero sin caer ni dejarse llevar al chantaje, la presión ni la manipulación por intereses de grupos haitianos, organismos internacionales, otros extranjeros y de grupos y personas de nuestro país, que lo hacen por una actitud buenista o de intereses personales. Tenemos que exigirles a los empresarios que, si quieren utilizar la mano obra extranjera, lo hagan apegados en el fiel cumplimiento de las leyes dominicanas en cuanto a la migración y el Código dominicano de trabajo que, establece un 80% de mano de obra dominicana y 20% de mano de obra extranjera cualificada; y así se garantiza también el bienestar del trabajador dominicano. Los derechos humanos no son sólo para los extranjeros. El gobierno dominicano debe y tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de sus ciudadanos, primeramente.
Hay una mafia muy fuerte inmiscuida en este problema que agrava más la crisis y las autoridades tienen el deber de combatirla para su eliminación o reducirla a su mínima expresión. Esta es una corrupción institucional que va en detrimento de la identidad y soberanía nacional, y esto hay que detenerlo y eliminarlo por el bien de nuestra sobrevivencia como nación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario